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Despido Colectivo en Colombia: Aspectos Clave para las Empresas

En Colombia, el contrato de trabajo puede finalizar por múltiples causas (mutuo acuerdo, justa causa, vencimiento del plazo fijo o finalización de obra/labor). Sin embargo, cuando se trata de despidos sin justa causa, la ley impone limitaciones importantes para proteger la estabilidad laboral.


Uno de esos límites es el despido colectivo, regulado en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990. Este se configura cuando, en un periodo de seis (6) meses, el número de terminaciones sin justa causa supera ciertos porcentajes respecto al total de trabajadores de la empresa:

Número de trabajadores

% máximo permitido sin justa causa

10 a 50

30%

51 a 100

20%

101 a 200

15%

201 a 500

9%

501 a 1.000

7%

Más de 1.000

5%

Excepciones

No se contabilizan para efectos de despido colectivo:

  • Terminaciones con justa causa.

  • Vencimiento de contrato a término fijo.

  • Finalización de obra o labor contratada.


Procedimiento y plazos

  • Si se supera el límite, el empleador debe solicitar autorización previa al Ministerio de Trabajo (art. 67, Ley 50 de 1990).

  • El Ministerio cuenta con dos (2) meses para decidir, prorrogables por otros dos.

  • Mientras no exista autorización, los despidos no tienen efecto legal.


Riesgos y sanciones

  • Los despidos realizados sin autorización son ineficaces → implican reintegro y pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir.

  • El Ministerio puede imponer multas hasta de 5.000 SMMLV (art. 486 CST).

  • Los trabajadores pueden iniciar acciones judiciales, lo que incrementa el riesgo financiero y reputacional.


Alternativas empresariales

Una alternativa válida son los planes de retiro voluntario, reconocidos por la Corte Suprema de Justicia (Sent. SL1427 de 2019) como mecanismos legales, siempre que:

  • La decisión del trabajador sea libre y voluntaria.

  • Se otorgue un beneficio adicional (bonificación o suma transaccional).

  • No exista presión indebida.


El despido colectivo es una figura legal, pero altamente regulada. Una gestión inadecuada no solo genera sanciones económicas, sino también un impacto negativo en la reputación y en el clima laboral.


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